Una grave denuncia por presunto tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional (TC) ha puesto en el centro de la controversia al actual ministro Juan José Santiváñez Antunes y al magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse. Un reportaje de Panamericana reveló la existencia de un posible nexo interno que habría sido empleado por Santiváñez para manipular la lista de expedientes y obtener resoluciones favorables en la sala presidida por Gutiérrez.
La supuesta red recae en el nombre de Kenita Jaque de la Cruz, antigua asistente del magistrado Gutiérrez Ticse, quien habría sido el canal de comunicación. El elemento clave del caso es un mensaje de WhatsApp que Santiváñez habría reenviado a la familia de su defendido, el policía sentenciado Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”.
“Hola Kenita, buenos días, está en la lista para la próxima audiencia... LO DE MARCELO”, se lee en el texto, considerado por la fiscalía como una evidencia directa del contacto entre ambos.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el entonces abogado habría utilizado a “Kenita” como intermediaria para agilizar el trámite del hábeas corpus de Salirrosas, solicitando 20 mil dólares a cambio, dinero que —según habría dicho— estaría destinado a “asesores externos con contactos dentro del TC”. La aparición de los chats y los testimonios obtenidos habrían complicado la posición del actual ministro del Interior.
“Rechazo rotundamente. Si existiese algún tipo de nexo, no soy yo... Nunca he hablado con Santiváñez... Si usó mi nombre, lo denunciaría”, declaró Kenita Jaque, quien reconoció conocer al magistrado Gutiérrez Ticse desde “muchos, muchos años” y haber trabajado en la Sala Dos, encargada de programar los casos. El magistrado, por su parte, también rechazó toda vinculación, asegurando ante la fiscalía que no conoce a Santiváñez ni de manera directa ni indirecta.
Sin embargo, el nombre del juez Gutiérrez Ticse vuelve a aparecer en otro expediente que refuerza las sospechas. Según el documento fiscal, integró la sala que redujo de 22 a 16 años la condena del sentenciado Eber Riquelme Juárez Moya, lo que —según los investigadores— demostraría la eficacia y poder de gestión de la Sala Dos, el mismo despacho donde laboraba la asistente ahora implicada.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
