La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, por ordenar la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, entre ellos el equipo especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP). La parlamentaria sostuvo que esta decisión afecta gravemente la persecución penal en investigaciones sensibles y emblemáticas.
Según el documento presentado, Gálvez habría infringido los artículos 39, 44, 103, el inciso 3 del artículo 139 y el artículo 159 de la Constitución, al disponer la desactivación de cuatro equipos especiales: EFICAVIP, Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y Eficcop. Luque señaló que estas medidas constituyen un debilitamiento institucional del Ministerio Público.
En el caso de EFICAVIP, la congresista advirtió que su cierre implica la pérdida de especialización y experiencia acumulada, ya que los casos serán redistribuidos a fiscalías ordinarias. Respaldó su posición en la opinión de especialistas que consideran esta decisión como un retroceso en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales.
Respecto al equipo que investigaba el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Luque cuestionó que los expedientes pasen a fiscalías anticorrupción bajo un esquema regular, y alertó sobre un posible conflicto de intereses, dado que el propio Tomás Gálvez fue investigado en dicho proceso en 2021. Afirmó que esta situación afecta el deber de objetividad e imparcialidad que debe regir la actuación del fiscal de la nación.
Finalmente, la parlamentaria criticó la desactivación del equipo Lava Jato, al señalar que se aparta a los fiscales que lideraban investigaciones emblemáticas, como Rafael Vela y José Domingo Pérez, sin que se haya aclarado el futuro de los casos a su cargo. La denuncia se da tras la emisión de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 007-2026-MP-FN, mediante la cual se oficializó el cierre de los equipos especiales y el cese de 57 fiscales vinculados al caso Odebrecht.