El debate sobre la gestión interna del Congreso volvió a encenderse luego de que la legisladora Ruth Luque del Bloque Democrático Popular, apuntara a problemas estructurales profundos en el Parlamento, especialmente en torno a su autonomía presupuestaria. 
Señaló que el Congreso aprueba su propio presupuesto sin controles externos y que decisiones claves pasan por una mesa directiva dominada por una mayoría que opera con total independencia, lo que —según afirmó— impide implementar medidas razonables como limitar beneficios económicos que reciben por igual congresistas de Lima y de regiones. A ello se suma la influencia de tres sindicatos internos, cuyos convenios —dijo— condicionan acuerdos y escapan a decisiones técnicas.
La parlamentaria rechazó la reciente gratificación otorgada a los trabajadores y funcionarios del Congreso, calificándola de desproporcional frente a la realidad económica del país. Aseguró que intentos previos para ordenar beneficios o establecer criterios diferenciados nunca prosperaron porque “no forman parte de la voluntad política de la mesa directiva”. Este manejo interno, añadió, refleja un problema de fondo: la falta de una reforma estructural que ordene las decisiones administrativas del Parlamento.
En medio de estas críticas internas, anunció que no respaldará el pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de José Jerí. Recordó que cuando Dina Boluarte recibió facultades, el Ejecutivo usó esa delegación para “relativizar” normas ambientales y culturales, como flexibilizar requisitos para proyectos extractivos y debilitar controles sobre restos arqueológicos. Por ello cuestionó que se pidan facultades en nombre de la seguridad ciudadana, mientras el propio gobierno —según dijo— no impulsa la derogatoria de leyes “pro-crimen” aprobadas en años recientes.