La situación judicial del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, dio un giro luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao revocara la orden de 24 meses de prisión preventiva dictada en su contra y la reemplazara por comparecencia con restricciones, en el marco de una investigación por presunta organización criminal y colusión agravada.
La decisión judicial dejó sin efecto la orden de captura que pesaba sobre Castillo desde el 11 de enero, cuando el juez Edie Solórzano dispuso su detención preventiva. Con la nueva medida, el gobernador deberá cumplir condiciones estrictas: registro biométrico mensual, prohibición de ausentarse del Callao sin autorización, impedimento de salida del país, restricción de comunicación con otros investigados y el pago de una caución de S/ 20 000 en un plazo de diez días.
El Poder Judicial también estableció la prohibición expresa de que el investigado brinde declaraciones a la prensa sobre el caso, bajo advertencia de que cualquier incumplimiento podría motivar un nuevo pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
Respecto a su situación política, el abogado penalista Andy Carrión señaló que la comparecencia con restricciones no impide legalmente que Castillo retome el cargo de gobernador regional, al no existir una sentencia condenatoria ni una inhabilitación vigente. Precisó que solo una decisión administrativa del Gobierno Regional o del Jurado Nacional de Elecciones podría apartarlo del puesto, siempre que se cumplan las causales y plazos establecidos por ley.
Cabe recordar que el Consejo Regional del Callao dispuso la suspensión temporal de Castillo cuando afrontaba un pedido de detención preliminar, designando a Edita Vargas para evitar un vacío de poder. No obstante, al no tratarse de una medida permanente, su eventual restitución cobra fuerza mientras avanza la investigación fiscal denominada “Los Socios del Callao”, que indaga el presunto direccionamiento ilícito de más de 60 procesos de contratación pública en 2023, con un perjuicio superior a un millón de soles para el Estado.
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