Incluso antes de que el Congreso aprobara la inhabilitación por 10 años de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya se habían ejecutado decisiones que hoy levantan sospechas de represalia. Fuentes confirmaron que, apenas fue suspendida por la JNJ en setiembre, se desactivó su afiliación a una EPS, y que el 1 de diciembre, dos días antes de la votación, fue totalmente excluida.
Lo más polémico es que la exclusión no habría sido solicitada por el Ministerio Público, sino por Confianza, el corredor de seguros contratado por la institución y también por el Congreso desde agosto. La coincidencia ha desatado indignación y versiones sobre un presunto cerco institucional dirigido a debilitar a la fiscal antes del golpe final.
A ello se suma una denuncia aún más grave: a Espinoza, suspendida provisionalmente, le corresponde recibir el 80% de su sueldo, pero se habría estado pagando ese monto con dinero de su propia CTS, en lugar de con recursos públicos. Este hecho, de confirmarse, configuraría una vulneración de derechos laborales sin precedentes para un alto funcionario del Estado.
Finalmente, también se retiraron los vehículos oficiales asignados para su seguridad, pese a que un informe jurídico recomendaba mantenerlos y que la PNP advirtió que Espinoza enfrenta “riesgo alto” por su labor pasada. El retiro contradice las medidas de protección recomendadas y alimenta la teoría de un hostigamiento sistemático contra la fiscal en plena crisis institucional.
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