Lima. El Congreso sigue generando críticas por sus decisiones. Esta vez es por la llamada ‘Ley de impunidad’ -iniciativa 31 751- que fue aprobada y promulgada por el Ejecutivo, la cual beneficia directamente a investigados como Vladimir Cerrón, Alejandro Toledo y otros políticos. El respaldo a dicha norma también es por parte del gobierno de Dina Boluarte, esta vez salió en defensa el ministro de Justicia, Daniel Maurate.
La llamada ‘Ley de impunidad’ modifica el artículo 84 del Código Penal que determina que el plazo de “suspensión de prescripción” no deberá superar un año, esto una vez presentada la investigación preparatoria desde la Fiscalía ante el Poder Judicial.
Maurate defendió la ley e indicó que lo que busca el Legislativo es que un proceso penal no tenga procesos largos y eternos. Sin embargo, los beneficiados son directamente Alejandro Toledo y Vladimir Cerrón.
En el caso del expresidente Toledo, investigado por lavado de activos, tráfico de influencias y colusión; este último delito tiene una pena de 15 años. El caso se produjo en el 2005 y con la nueva norma, el plazo de prescripción acabaría en el 2025. En ese orden, el Poder Judicial y la Fiscalía tendrían poco menos de un año y medio para tener una sentencia.
Lo mismo pasa con Cerrón, que tiene procesos por terrorismo y lavado de activos que se habrían dado entre el 2004 y 2014. Con la modificación del tiempo para suspender la prescripción, estos delitos ya quedarían sin efecto para que el líder de Perú Libre sea procesado. Lo mismo ocurre con el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’.
Pese a ello, el Ejecutivo y Congreso se respaldan una vez más en un proyecto que favorece la impunidad.
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