Una de las comisiones más fuertes del Congreso es la que busca hacer reformas a la Constitución, que desde el inicio del actual período fue tomado por Fuerza Popular y todo indica que no la soltarán hasta el fin de su mandato. Hasta la fecha se promulgaron 124 normas en dicho grupo de trabajo e hicieron una serie de reformas constitucionales.
La Comisión de Constitución será conformada por 29 integrantes para esta legislatura y nuevamente tendrá como presidente a un fujimorista y como vicepresidente a uno de Avanza País u otro grupo del bloque de derecha, misma fórmula que los años anteriores. Si bien para que pase un proyecto de ley se necesita la mayoría de votos, los titulares son los que ponen la agenda de qué iniciativa se debe priorizar para ser debatida y en consecuencia ser votada en el pleno.
La primera en dirigir el grupo de trabajo fue Patricia Juárez y priorizó los proyectos de ley que hacían cambios a la cuestión de confianza, para que el Ejecutivo no la use por reforma constitucional. De igual forma, indica que solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión. Sin embargo, después de dos años los parlamentarios decidieron eliminar la cuestión de confianza. La fujimorista Juárez también priorizó las iniciativas para el retorno de la bicameralidad.
Hernando Guerra (falleció 2023) fue el segundo presidente de Constitución, bajo su mando, se continuó haciendo cambios al proyecto de la bicameralidad incorporando la reelección congresal a pedido de sus colegas. También priorizó el proyecto a favor del contralor y de la presidenta, quien puede gobernar virtualmente.
Martha Moyano fue la última en dirigir el grupo de trabajo, ella se encargó de anteponer cuestionadas normas que favorecieron directamente a su partido, como la ley que libra de responsabilidad penal a las organizaciones políticas. Además de priorizar lo enviado por el defensor para que elija a dedo a sus adjuntos.
Mientras que la promesa de Perú Libre, de una nueva constitución quedó en el olvido y las iniciativas fueron archivadas, mientras que otras similares solo son ignoradas. Del mismo modo, hay un proyecto en el almacén desde el 2021, que busca impedir la postulación a cargos públicos a personas con acusación fiscal por delitos contra la administración.
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