¡Se le viene la noche! El exmandatario Pedro Castillo pasará 18 meses encarcelado en el penal de Barbadillo, tras ser ratificado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dicho tiempo de prisión preventiva ordenada por el juez Juan Carlos Checkley. El exmandatario es investigado por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y ahora enfrentaría tres denuncias más después que aprobaran el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
Recordemos que la defensa de Castillo solicitó que el expresidente pueda llevar el proceso en libertad.
COMPAÑERO. Tras la ratificación, el expremier Aníbal Torres también la pasaría mal, pues se dispuso el impedimento de salida del país y otras medidas cautelares como la prohibición de ausentarse del lugar donde reside en Lima sin autorización judicial y pasar por control virtual de sus actividades en tanto dure la emergencia sanitaria.
MÁS DENUNCIAS. El panorama del vacado jefe de Estado se complica, luego que la SAC admitiera el informe final que recomienda acusar al expresidente Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
El grupo parlamentario que preside Lady Camones, escuchó la sustentación del documento elaborado por el congresista trujillano, Diego Bazán y recibió el respaldo de 16 votos a favor, seis en contra y una abstención.
Ahora el informe será remitido a la Comisión Permanente a fin de que sea ratificado. El siguiente paso será debatirlo en el pleno del Congreso. De ser aprobado, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, quedará habilitada para continuar con el proceso en contra del exmandatario Castillo.
Se trata de la denuncia constitucional 307 formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, en la cual también se propone acusar al exministro de Transportes, Juan Silva por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, así como por el delito contra la administración pública, colusión. También al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado López, es acusado por la presuntamente pertenecer a la organización criminal.
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