El Congreso presentó el 27 de enero, un proyecto de ley que busca que los senadores y diputados condenados por el delito de minería ilegal pierdan automáticamente su escaño parlamentario, sin posibilidad de que un accesitario asuma el cargo, bajo la figura conocida como “silla vacía”.
La iniciativa fue impulsada por la bancada de Avanza País y presentada por la congresista Diana Gonzales Delgado. El proyecto propone modificar el artículo 19 del Reglamento del Congreso para incorporar la minería ilegal como causal de pérdida del mandato, condición que actualmente solo aplica para delitos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas o lavado de activos.
De ser aprobada, la norma se aplicaría tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores del próximo Parlamento que se instalará tras las Elecciones Generales de 2026. El texto señala que la medida no generará costos adicionales para el Estado y apunta a reforzar la responsabilidad política de los representantes elegidos.
Como parte de la justificación, Gonzales sostuvo que la propuesta incentivará a los partidos políticos a revisar con mayor rigor las hojas de vida de sus candidatos y permitirá al electorado tomar mayor conciencia sobre la gravedad de la minería ilegal como delito que afecta al país.
El proyecto también se apoya en datos del Instituto Peruano de Economía, que indican que entre 2021 y 2024 la deforestación asociada a la minería ilegal en la Amazonía superó las 30 mil hectáreas, además del crecimiento de las exportaciones de oro ilegal, que habrían alcanzado entre 105 y 115 toneladas el último año, por un valor de hasta US$ 12.000 millones. Según la congresista, este impacto ambiental y social justifica que el delito sea sancionado también en el ámbito político.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
