Una iniciativa legislativa presentada por la diputada Verónica Yonz Núñez, de Renovación Popular, busca permitir que los universitarios culminen sus actividades curriculares con un asesor asignado y su proyecto de investigación aprobado, siempre que cumplan los requisitos académicos. La propuesta pretende reducir los retrasos administrativos que dificultan la obtención de títulos profesionales y grados de posgrado.

El proyecto propone modificar la Ley Universitaria N.° 30220 mediante la incorporación del artículo 45-A, que establecería nuevas obligaciones para las universidades públicas y privadas en los procedimientos de asesoría, evaluación y aprobación de proyectos de investigación.

Actualmente, los trámites para designar a un asesor y aprobar un proyecto pueden prolongarse, lo que dificulta que los estudiantes avancen oportunamente con sus trabajos académicos. La iniciativa busca que estas gestiones comiencen antes de que los universitarios terminen todas sus asignaturas, en lugar de concentrarlas al final de la carrera.

La propuesta establece que las universidades deberán definir y publicar los procedimientos y plazos para designar asesores, revisar proyectos de investigación y permitir que los estudiantes subsanen las observaciones realizadas por los evaluadores.

También plantea mecanismos de atención y revisión cuando las instituciones incumplan los plazos que ellas mismas establezcan, con el propósito de evitar demoras injustificadas.

Sin embargo, la iniciativa no plantea aprobar automáticamente una investigación por el vencimiento de los plazos. Los estudiantes deberán cumplir las exigencias académicas y someterse a la evaluación correspondiente. Tampoco elimina la sustentación de tesis ni reduce los estándares necesarios para obtener un título o grado.

RETRASOS. Como sustento, el proyecto toma como referencia una investigación difundida por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, que analizó a 503 personas de dos universidades y encontró que el 85 % demoraba entre tres y cuatro años en concretar su tesis de maestría o doctorado.

Ante esta situación, la iniciativa busca que los trámites administrativos no se conviertan en un obstáculo adicional para quienes ya cumplieron sus cursos y necesitan concluir su investigación.

Otro punto central es que los estudiantes no tengan que pagar montos adicionales cuando las demoras sean responsabilidad de la universidad. La medida busca impedir que deban asumir nuevos costos por trámites retrasados o etapas que tengan que repetir por incumplimientos de la institución.

La propuesta alcanzaría a estudiantes de pregrado que opten por modalidades de titulación que requieran un proyecto de investigación, así como a quienes cursen maestrías y doctorados.

Si el Congreso aprueba la iniciativa y esta entra en vigor, las universidades públicas y privadas tendrían un plazo máximo de 180 días calendario para adecuar sus reglamentos y procedimientos.