El congresista Juan Amílcar Villanueva Calderón, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que busca impedir que un estudiante mantenga simultáneamente dos vacantes en carreras de pregrado de universidades públicas. La iniciativa propone que los postulantes renuncien a una vacante anterior antes de matricularse en otra carrera.

La propuesta plantea modificar la Ley Universitaria, Ley 30220, para que las universidades públicas verifiquen si un estudiante ya cuenta con una matrícula vigente, suspendida o reservada en otra carrera de la misma institución o de otra universidad pública.

Si se detecta una vacante previa, el postulante tendría que acreditar su retiro definitivo o presentar una renuncia expresa antes de formalizar la nueva matrícula. El proyecto señala que omitir esta verificación podría generar responsabilidad administrativa para el personal encargado y dar lugar a un procedimiento para anular la matrícula.

La iniciativa también propone precisar que la gratuidad de la enseñanza universitaria pública se garantiza para una sola carrera. Sin embargo, no impediría que una persona cambie de especialidad o estudie otra carrera después de culminar la primera.

Para aplicar la medida, el proyecto plantea que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) adecúe el Sistema de Información Universitaria en un plazo máximo de 90 días calendario. El objetivo sería permitir la consulta interconectada y en tiempo real del estado de matrícula de los estudiantes de las universidades públicas.

Mientras se implemente ese mecanismo, las instituciones tendrían que verificar la información mediante declaraciones juradas y consultas a la universidad de origen, cuando corresponda.

Asimismo, los estudiantes que al entrar en vigor la eventual ley mantengan más de una matrícula o vacante reservada tendrían un plazo de 60 días hábiles para elegir qué carrera continuarán y formalizar su retiro de las demás.

ARGUMENTO. La iniciativa sostiene que mantener dos vacantes simultáneas podría limitar las oportunidades de otros postulantes para acceder a una plaza universitaria financiada con recursos públicos. Por ello, busca que cada estudiante conserve una sola vacante a la vez, sin impedirle cambiar de carrera o iniciar nuevos estudios posteriormente.

La propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en ley.