El diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que propone incorporar al Código Penal el delito de abandono y desamparo del adulto mayor. La iniciativa plantea sancionar a quienes tengan una obligación legal, judicial o contractual de asistencia y, pese a ello, dejen a una persona mayor en una situación que ponga en riesgo su vida, salud o integridad. La propuesta fue presentada en el Congreso y deberá pasar por el proceso de evaluación parlamentaria correspondiente.

El Proyecto de Ley 00122-2026-2031-CD propone una pena de entre dos y cuatro años de prisión para quien incumpla deliberadamente su deber de cuidado y coloque al adulto mayor “en una situación concreta de abandono o desamparo”. La iniciativa busca incorporar el artículo 150-A al Código Penal y establece que la obligación de asistencia comprende las prestaciones indispensables para proteger la vida, salud e integridad de la persona afectada.

Las sanciones aumentarían cuando existan circunstancias agravantes. El proyecto plantea penas de hasta seis años si el responsable se aprovecha de una situación de dependencia física, psíquica o económica del adulto mayor, abusa de una relación de convivencia, confianza, autoridad, tutela o curatela, o actúa junto con otras personas. En estos casos, la propuesta busca castigar con mayor severidad a quienes utilicen una posición de poder o confianza para dejar desprotegida a una persona mayor.

La pena más alta se aplicaría cuando el abandono tenga consecuencias mortales. Si se demuestra que la muerte del adulto mayor fue consecuencia directa del desamparo, la condena podría alcanzar los diez años de prisión. El texto señala que su objetivo es “garantizar la protección penal efectiva de la vida, la integridad y la salud” de las personas adultas mayores frente a quienes están obligados a brindarles cuidado.

La iniciativa deberá ser analizada por las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados y, de obtener un dictamen favorable, podría llegar posteriormente al pleno para su debate. Además de las penas de prisión, el proyecto contempla mecanismos de protección urgente para adultos mayores en situación de riesgo, mientras el Ministerio Público tendría que establecer lineamientos para la aplicación de la nueva figura penal si finalmente es aprobada y promulgada.