La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial ser incorporada al proceso penal contra el expresidente Francisco Sagasti y fijar un monto provisional de reparación civil de 400 mil soles. Ese pago tendría que ser asumido junto a los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, aunque el documento no detalla cómo se calculó la suma, señalando solo que busca resarcir el “daño a la buena imagen” del Estado.
El caso se originó por la denuncia del Congreso, que acusa a Sagasti de abuso de autoridad por el pase al retiro del entonces comandante general de la PNP, Orlando Velasco, y el nombramiento de César Cervantes, ubicado en el puesto 18 del escalafón. La decisión produjo el retiro de 2 tenientes generales y 16 generales, entre ellos Jorge Lam, Herly Rojas, José Céspedes, Jorge Gutiérrez, Luis Pantoja, Alexis Bahamonde, Julio Díaz, Yohanim Chuquillanqui, Jesús Ríos, Lorenzo Granados, Roger Calongos, Eswin Manay, Alejandro Oviedo, Lucas Núñez, Mario Arata, César Benitas, Carlos Guillén y Juan Sotil.
Según la Procuraduría, el pase masivo al retiro generó un “perjuicio grave” a la institucionalidad policial y un “descabezamiento” arbitrario que afectó la dignidad de los altos mandos, causando además “inestabilidad y desconfianza” en la población. Afirman que la imagen del país se vio desacreditada nacional e internacionalmente, pese a los esfuerzos estatales por fortalecer su reputación, como la creación de la marca país.
La defensa de Sagasti, representada por el abogado Carlos Rivera, rechazó la pretensión de la PGE y sostuvo que el exmandatario actuó dentro del marco legal, ya que la normativa policial permite nombrar a un comandante general con menor antigüedad. Calificó los argumentos de la Procuraduría como “políticos” y “gaseosos”. La audiencia para evaluar el pedido fue reprogramada para el 19 de noviembre a las 9:30 horas.
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