Lima. Tras las constantes críticas, el Poder Judicial emitió una nueva resolución donde indica que la Procuraduría General del Estado y la defensa legal de las víctimas de las protestas podrán realizar preguntas a la presidenta Dina Boluarte Zegarra. Es decir, que los abogados de los investigados y el Ministerio Público no serán los únicos en tener cuestionamientos durante la diligencia.
El magistrado Juan Carlos Checkley en su anterior resolución señalaba que partes habilitadas para interpelar al imputado, en referencia a Boluarte Zegarra y al premier Alberto Otárola Peñaranda solo eran el fiscal y el abogado defensor. Dicha disposición favorecía a la jefa de Estado y a Otárola. Ambas autoridades son investigadas por el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las muertes en las protestas sociales.
Los representantes de la Procuraduría reclamaron la resolución del juez Checkley por no permitirlos -en un inicio- que estén presentes, ni que formulen preguntas. Ante esto presentaron un recurso, el cual fue declarado fundado.
SIN DECLARAR. La mandataria Boluarte hasta la fecha no realiza sus descargos sobre los 60 fallecidos durante las manifestaciones. En la primera y segunda citación por parte de la Fiscalía, Boluarte pidió que se haga de manera virtual. La respuesta fue que por los delitos las declaraciones tenía que darlas presencialmente. Al hacerse públicas las faltas de la presidenta, recién el 7 de marzo acudió, pero por el recurso presentado por la Procuraduría, se suspendió la diligencia.
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