El 26 de abril se definirá si la congresista y expremier Betssy Chávez se va 18 meses a prisión preventiva. El pedido de la Fiscalía también es contra los exministros, Roberto Sánchez y Willy Huerta.
En la audiencia los exfuncionarios alegaron arraigo familiar. Huerta asistió virtualmente a la audiencia desde un hospital, señalando que su esposa dio a luz y que eso era motivo suficiente para el arraigo familiar.
Mientras que Chávez Chino cuestionó los argumentos de los representantes del Ministerio Público y precisó que le parece irresponsable poner en tela de juicio su arraigo laboral y familiar.
"Respecto al arraigo laboral, cuando yo soy suspendida de mis labores de congresista de la República, necesito claramente trabajar. Entonces nosotros notificamos estos hechos al Ministerio Público cuando yo me iba a ir a la región de Tacna, porque soy representante de esa región, he nacido ahí y ahí he hecho todos mis estudios. También he ejercido mi labor profesional en esa región. Entonces actualmente yo vengo laborando en dos empresas: una ha sido cuestionada por el Ministerio Público; la otra, no. Asimismo, realizo asesorías jurídicas, que es propio de la profesión", aseveró.
A los tres se les acusa de participar en el intento de golpe de Estado por el expresidente Pedro Castillo. Los delitos que se les imputa son de rebelión y conspiración contra el Estado peruano.