En la resolución que retira y destituye a Jorge Angulo como comandante general de la Policía, asegura que los estados de emergencia no lograron reducir la criminalidad. Sin embargo, ayer el premier Alberto Otárola aseveró que en San Juan de Lurigancho sí funcionó, contradiciendo lo afirmado hace unas semanas.
La declaración la dio tras la sesión del consejo de ministros en la cual acordaron declarar en emergencia Pataz y Trujillo por el aumento de la inseguridad ciudadana y sicariato.
“Puedo mencionar una cifra que está en el Ministerio del Interior, el delito se redujo en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Lince en un promedio de 36 %. Sí son eficientes estas medidas si se aplican en un trabajo conjunto”, refirió Otárola.
Sin embargo, en la resolución suprema del 22 de enero, refirieron que los estados de emergencia “no han logrado disminuir la criminalidad que viene afectando gravemente a la ciudadanía a nivel nacional”.
Para el analista político Ángel Delgado, la salida de Angulo fue por un tinte político y esta declaración lo confirma, porque es el Gobierno que decide un estado de emergencia y no la Policía.
Mientras que Angulo sufrió un revés judicial en su demanda de amparo constitucional contra el Mininter y la presidenta Dina Boluarte. El objetivo de Angulo es recuperar su cargo.
El Poder Judicial declaró improcedente su pedido porque su demanda fue enviada de manera electrónica y cuando se intenta abrir el documento para su impresión se genera un error que impide continuar con el procedimiento.
Por ello, la entidad judicial le otorgó tres días para que subsane. Desde la defensa legal de Angulo, indicaron que solucionarían el pedido inmediatamente y se sienten confiados en que el Poder Judicial le dará la razón.
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