El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) logró un importante avance judicial en el caso conocido como Westfield Capital, que podría dilatar el inicio de su juicio oral hasta el próximo año. La decisión del Poder Judicial de admitir a trámite la apelación presentada por la defensa de PPK pone en pausa el proceso que enfrenta por presunto lavado de activos.
El lunes 2 de septiembre de 2025, el Poder Judicial aceptó revisar el recurso legal presentado por el equipo de defensa de PPK. La apelación cuestiona la tipificación de lavado de activos que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Esta medida podría retrasar la instalación del juicio oral que estaba previsto para antes de finalizar este año, al menos hasta inicios de 2026.
El abogado Julio Midolo, defensor de Kuczynski, confirmó a Canal N que esta decisión judicial modifica el calendario procesal porque los magistrados suelen resolver todos los recursos antes de iniciar las audiencias.
Este caso tiene casi una década de investigación y gira en torno a supuestas operaciones financieras ilegales realizadas a través de empresas vinculadas a PPK, como Westfield Capital, First Capital y Dorado Asset Management. La Fiscalía sostiene que estos vehículos fueron utilizados para canalizar pagos ilícitos provenientes de consorcios vinculados a Odebrecht, bajo la fachada de contratos de asesorías.
Las sumas involucradas en la acusación superan los 8.6 millones de dólares y están relacionadas con proyectos emblemáticos como Camisea, Trasvase Olmos, IIRSA Sur y Vías Nuevas de Lima.
A sus 86 años, Pedro Pablo Kuczynski enfrenta un delicado estado de salud. Según su defensa, padece problemas cardíacos, circulatorios, depresión, tiene un marcapasos y una prótesis en la aorta, además de limitaciones de movilidad que complican su situación en un proceso judicial tan extenso y complejo.
El equipo legal de PPK denuncia irregularidades en la investigación patrimonial, especialmente en torno a una propiedad del expresidente en Cieneguilla. A pesar de que el Tribunal Constitucional ordenó archivar procesos de extinción de dominio previos a 2018, un fiscal mantiene abierta la pesquisa. Midolo advirtió que, de persistir estas actuaciones, se interpondrán denuncias por prevaricato y abuso de autoridad.
Por otro lado, la defensa sostiene que no hay pruebas claras de que los fondos investigados tengan origen ilícito y que algunas asesorías atribuidas a Gerardo Sepúlveda, socio de PPK, se dieron cuando el exmandatario no ocupaba cargos públicos, cuestionando así la acusación de lavado de activos basada en presuntos conflictos de interés.
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