El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, aseguró que Nicanor Boluarte está en el Perú, y que cuentan con una “fuente” que conocería su ubicación. Sin embargo, evitó dar la fecha de la captura del hermano de la presidenta.
Nicanor Boluarte está prófugo de la justicia, desde hace aproximadamente una semana, luego de que el Poder Judicial dictaminara prisión preventiva contra él por liderar la organización criminal “Los Waykis en la sombra”.
“No le voy a decir su ubicación porque si no ya estaríamos alertando más de lo que ya lo han alertado todos los medios. Tenemos una información por fuente humana, que tiene que vincularse con algo de tecnología, y esperemos orientar hacia ahí nuestro esfuerzo de búsqueda”, explicó Zanabria.
Asimismo, comentó que se está utilizando “tanto en el sistema de requisitorias, que tiene sus equipos especiales”, así como alertas nacionales e internacionales, en colaboración con instituciones policiales de otros países.
“Esperemos podamos detenerlo y ponerlo a disposición nuevamente de las autoridades judiciales, y esperemos que no nos echen la culpa a nosotros después, cuando se suspenda o se revoque la libertad y seamos nosotros los responsables”, añadió.
Por su parte, el abogado de Nicanor Boluarte, Joseph Campos, dijo que lamenta la decisión de su defendido de pasar a la clandestinidad luego de la decisión judicial.
“Hemos avanzado a una sociedad autoritaria que construye un mundo (...) de buenos y malos, cuando los estados constitucionales existen solamente inocentes y culpables, y los inocentes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, sostuvo.
Por otra parte, manifestó que el pedido de la Fiscalía de tres años de prisión preventiva sería un “comportamiento autoritario”.
“No se puede aceptar que un fiscal pida tres años para investigar a costa de la libertad de la persona. No puede ser. Eso no se puede tolerar”, subrayó.
En ese sentido, cuestionó“¿Quién le recupera esos tres años a la persona que sufrió prisión? Si luego lo declaran o lo absuelven o no, le pueden establecer la responsabilidad”.
“Esta práctica del Ministerio Público de pedir tres años para que metan a una persona en prisión para saber, luego de tres años, si debería estar en prisión. Eso es inaceptable en las sociedades democráticas y las sociedades constitucionales”, agregó.
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