El Poder Judicial rechazó dictar impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, investigada por el presunto delito de lavado de activos en el caso relacionado con la cuenta mancomunada que abrió en 2020 junto a Braulio Grajeda, donde se habría depositado dinero ilícito para cubrir la caución del prófugo Vladimir Cerrón.
La decisión fue adoptada por el juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien determinó que no existen los elementos necesarios para sustentar la medida.
Según la resolución judicial, “no existe sospecha simple reforzada del delito de lavado de activos ni peligro de fuga”, por lo que se desestimó el pedido formulado por la Fiscalía. La decisión supone un revés para el Ministerio Público, que buscaba restringir los movimientos de la exmandataria mientras avanza la investigación por su presunta participación en actividades ilícitas ligadas al financiamiento irregular del partido Perú Libre.
El requerimiento fue presentado por el fiscal Ángel Astocondor, integrante de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, quien había solicitado el impedimento de salida por 36 meses como medida cautelar dentro del caso Los Dinámicos del Centro.
Además, la Fiscalía de la nación pidió otra medida de 18 meses por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, vinculando a Boluarte con la supuesta “designación de funcionarios en EsSalud y el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas”.
Con esta decisión, la exmandataria queda sin restricciones para salir del país mientras continúan las investigaciones. El fallo del juez Valdez marca un nuevo episodio en el proceso que enfrenta Boluarte desde que dejó el cargo presidencial, y abre un debate sobre los criterios judiciales aplicados en las investigaciones por lavado de activos y presunto aprovechamiento del poder.
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