El Poder Judicial volvió a cerrar la puerta a Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, al confirmar el rechazo de una medida cautelar que buscaba suspender la acusación fiscal presentada en su contra. La decisión permite que continúe el proceso penal en el que el Ministerio Público solicita cinco años y cuatro meses de prisión por presuntas irregularidades en la entrega de información financiera partidaria a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La resolución fue emitida el 14 de julio por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que ratificó el fallo de primera instancia. El tribunal sostuvo que el pedido era improcedente porque el artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece que las medidas cautelares no están contempladas para los procesos de hábeas corpus.

El recurso había sido promovido por el ciudadano Tomás Soldevilla, quien solicitó anular tanto la acusación formulada por la Fiscalía de Lima Centro como la citación judicial para el control de ese requerimiento. En su apelación argumentó que la pena solicitada era desproporcionada y cuestionó que se pretendiera sustentar una eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos únicamente por la presentación de informes financieros. 

Mientras el proceso constitucional continúa pendiente de una resolución definitiva, la investigación penal sigue avanzando. El pasado 5 de junio, el juez penal Adolfo Farfán emitió el auto de enjuiciamiento que autoriza el inicio del juicio oral contra Roberto Sánchez, por lo que el exaspirante presidencial deberá afrontar el proceso judicial sin que la acusación fiscal haya sido suspendida.