El Poder Judicial rechazó la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa de la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides. Dicha medida exigía al Ministerio Público precisar las razones por la cual se ordenaba la entrega voluntaria de los equipos celulares de la magistrada.
Con ello, el Poder Judicial, a través del juez supremo Juan Carlos Checkley, establece que Benavides Vargas deberá entregar sus aparatos telefónicos en el marco de la investigación que se le sigue por liderar una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público.
En la tutela de derechos, la defensa legal de Patricia Benavides solicitaba que la Fiscalía indique: el tipo de información que se busca extraer (registro de llamadas telefónicas, mensajes de texto, contenido de aplicativos como WhatsApp, chats, llamadas vía aplicativo, archivos de imagen, audio y video, etc.); las fechas de las comunicaciones que se busca extraer; y las comunicaciones puntuales entre la investigada con personas identificadas.
El pedido se complementaba con la premisa de evitar afectar las comunicaciones de índole personal de la investigada.
Sin embargo, desde el Poder Judicial indicaron que este pedido es “extemporáneo”. Esto se debe a que la solicitud fue ingresada el 31 de enero y con posterioridad al plazo establecido para la entrega voluntaria de los equipos telefónicos que estuvo programada para los días 25 y 26 de enero.
La investigación contra Benavides es llevada adelante por la fiscal suprema Delia Espinoza.
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