El Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones de Betssy Chávez como parte de una investigación fiscal por presuntas contrataciones irregulares de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en distintas entidades del Estado.
La decisión fue tomada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el pedido de la Fiscalía. Las empresas de telecomunicaciones deberán entregar información sobre llamadas y mensajes de cuatro líneas utilizadas por Chávez, además de otros números que hayan estado registrados a su nombre, correspondientes al periodo entre octubre de 2021 y noviembre de 2022.
Según la tesis fiscal, Chávez habría intervenido presuntamente en la contratación de Marco y Flor Sotelo, hermanos de su expareja, en su despacho congresal. Marco Sotelo también habría sido contratado en Essalud.
La investigación incluye además la presunta intervención de Chávez en la designación de Antonio Sotelo, padre de su entonces pareja, en cargos de Sunafil y Cofopri. Por estos hechos, la exministra es investigada por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado.
La medida judicial se suma a la situación legal que enfrenta Chávez, quien actualmente se encuentra en México bajo asilo diplomático. En diciembre de 2025 fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para rebelión, en el proceso relacionado con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
