El Poder Judicial amplió por ocho meses la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala por el caso Madre Mía, que lo vincula con presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en 1992, cuando estuvo al mando de la base militar del mismo nombre, en la región Huánuco.
La decisión fue adoptada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundado el pedido presentado por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos. Con esta medida, el Ministerio Público tendrá plazo hasta el 24 de enero de 2027 para culminar las investigaciones.
La prórroga permitirá a la Fiscalía continuar con las diligencias contra Humala y otros cuatro exmilitares retirados, quienes son investigados por los presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada, considerados crímenes de lesa humanidad por la gravedad de los hechos.
Según la investigación fiscal, los imputados habrían participado en el asesinato de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva, además de la desaparición de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yander Leandro Zúñiga, ocurridas en distintas localidades de Huánuco durante 1992.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Ollanta Humala, identificado entonces con el alias de "Capitán Carlos", era jefe del Batallón Contrasubversivo 313 destacado en la base militar de Madre Mía y habría dirigido operaciones en las que se produjeron los hechos investigados. Los otros cuatro exmilitares también integraban ese destacamento.
Tras conocerse la decisión judicial, la defensa de algunos de los investigados presentó un recurso de apelación para dejar sin efecto la ampliación del plazo. El expediente fue remitido a la Quinta Sala de Apelaciones Nacional, que deberá evaluar el pedido y determinar si confirma o revoca la prórroga otorgada.
El caso Madre Mía es uno de los procesos por presuntas violaciones a los derechos humanos más emblemáticos vinculados al conflicto armado interno y continúa en etapa de investigación preparatoria, sin que exista aún una resolución sobre la responsabilidad penal de los investigados.
