El Poder Judicial admitió a trámite la querella presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por el presunto delito de difamación agravada, un paso que abre formalmente el proceso judicial y podría derivar en sanciones penales y civiles si se acredita el daño a la reputación de la denunciante.
En el segundo párrafo, los hechos narran que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que la querella cumple con los requisitos legales para avanzar en el sistema judicial. La jueza Norma Carbajal ordenó notificar a Rospigliosi para que presente su defensa si lo considera pertinente dentro del plazo legal establecido.
La querella fue interpuesta por Espinoza en respuesta a publicaciones y declaraciones atribuidas a Rospigliosi entre julio y septiembre de 2025, en las que lo acusó de calificarla públicamente como “aliada del terrorismo” y de otros términos que, según ella, exceden la crítica política y afectan su honor.
Además, la exfiscal solicitó que se imponga a Rospigliosi una pena privativa de libertad de dos años y cuatro meses y que se establezca una reparación civil de un millón de soles por el presunto daño causado.
Según la documentación judicial, también envió una carta notarial para que se rectificaran las expresiones, pero afirma que el presidente del Congreso “hizo caso omiso y se reafirmó” en sus manifestaciones.
Este caso ha generado repercusión política y mediática en el país, pues involucra a dos figuras públicas en disputa por declaraciones vertidas tanto en redes sociales como en medios de comunicación.
La admisión de la querella no prejuzga sobre la culpabilidad de Rospigliosi, pero marcará el inicio de un proceso legal que ambas partes deberán sustentar con pruebas y argumentos en el próximo desarrollo del caso judicial.
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