El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fempetrol) para declarar inconstitucional el Decreto de Urgencia 010-2025, que impulsa la reorganización patrimonial y financiera de Petroperú. 

La resolución fue emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima y tiene como demandados a la PCM, el MEF, el Minem, ProInversión y Petroperú. La audiencia única virtual quedó programada para el 5 de octubre de 2026 a las 9:00 horas.

Fempetrol argumenta que el decreto "introduce medidas que precarizan el empleo" y tiene "un carácter regresivo prohibido por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Perú". El sindicato advierte que la norma traslada decisiones empresariales a ProInversión y abre la puerta a procesos de reestructuración que derivarían en despidos masivos, tercerización y pérdida de derechos laborales "bajo el pretexto de optimización".

El sindicato solicita al Poder Judicial que ordene el cese inmediato de toda amenaza a la estabilidad laboral de sus afiliados. Además, pide que se declare inconstitucional la transferencia de facultades de Petroperú a ProInversión y la inclusión de la estatal en el ámbito del Decreto Legislativo 674, norma vinculada a la promoción de inversión privada.

El punto más crítico de la demanda apunta al "plan vinculante" de ProInversión, que contempla participación privada en activos estratégicos como la refinería de Talara, el Oleoducto Norperuano y la red comercial de Petroperú.

El Decreto de Urgencia 010-2025 fue emitido por el Ejecutivo en el marco de la crisis económica que atraviesa Petroperú. En abril de 2026 el Congreso rechazó una iniciativa para derogarlo. La demanda fue admitida mediante la Resolución N.° 01 del Quinto Juzgado Constitucional de Lima.