La diputada de Renovación Popular Paola Martínez presentó el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional n.° 534, que plantea establecer un régimen penal especial para adolescentes mayores de 16 años involucrados en delitos graves, como extorsión, sicariato, violación sexual y actividades relacionadas con organizaciones criminales.
La propuesta busca modificar el marco constitucional para permitir la aplicación de sanciones del sistema penal ordinario bajo condiciones diferenciadas, respetando los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En declaraciones a Canal N, Martínez explicó que la iniciativa plantea un tratamiento penal específico para los adolescentes comprendidos en los casos contemplados por el proyecto.
Esto supondría establecer condiciones particulares para determinar las sanciones aplicables a quienes tengan más de 16 años y sean involucrados en delitos de especial gravedad. La propuesta no plantea, según lo expuesto por la legisladora, un tratamiento idéntico al de los adultos, sino un régimen diferenciado dentro de los límites constitucionales.
La parlamentaria también señaló que los adolescentes recibirían un tratamiento penitenciario separado, debido a que el sistema debe mantener la posibilidad de su resocialización.
Martínez sostuvo que endurecer las consecuencias penales no constituye, por sí solo, una solución al incremento de la delincuencia juvenil. Sin embargo, consideró que las sanciones pueden contribuir al control de estos delitos.
La legisladora reconoció que la prevención también es necesaria y planteó que el Estado intervenga en las comunidades donde la delincuencia se reproduce de una generación a otra.
Según explicó, esta intervención permitiría abordar las condiciones que favorecen la continuidad de las actividades delictivas, en lugar de concentrar toda la respuesta estatal en las sanciones.
El proyecto propone así combinar un régimen penal especial para determinados delitos graves con medidas orientadas a la prevención y la resocialización. Su alcance definitivo dependerá del contenido de la iniciativa y del trámite legislativo correspondiente.
