El juicio oral contra Susana Villarán avanza con una controversia que sacude al caso Lava Jato en Perú. José Adelmario “Léo” Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, ha pedido al Poder Judicial que archive su proceso por colusión y cohecho, alegando que los presuntos delitos ya prescribieron en enero de 2023, diez años después de la reunión clave con la exalcaldesa.
La defensa de Pinheiro sostiene que la supuesta entrega de tres millones de dólares a favor de Villarán, ocurrida el 17 de enero de 2013, marcó la consumación del delito. “El señor Léo Pinheiro es acusado en ese caso y es obligación de las autoridades nacionales notificarlo correctamente”, afirmó su abogado, Fernando Silva La Rosa, quien además pidió suspender el juicio por falta de notificación internacional.
El fiscal José Domingo Pérez rechazó tajantemente este argumento y pidió medidas más drásticas. “Lo que corresponde es que ustedes dispongan la conducción compulsiva, el archivo provisional del proceso y se liberen las órdenes de captura internacional y que se le ponga a disposición de las autoridades peruanas”, declaró ante el tribunal.
La Fiscalía recuerda que los pagos de OAS y Odebrecht a Villarán superaron los 10 millones de dólares y se destinaron a campañas políticas en 2013 y 2014, a cambio de beneficios contractuales como la adenda del proyecto Línea Amarilla. Estos indicios, sostienen, deslegitiman el pedido de prescripción.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional deberá decidir si acepta el archivamiento solicitado por la defensa o respalda la postura fiscal que exige mantener vigente la acusación. Mientras tanto, Villarán enfrenta el juicio por lavado de activos y corrupción, y Pinheiro se mantiene en el centro de la polémica judicial que combina política, negocios y justicia internacional.
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