En marco a la investigación por el caso Odebrecht que le sigue a exautoridades vinculadas al Partido Aprista Peruano (APRA), la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, pidió que paguen S/69 millones 743 mil 597.68 como reparación civil al Estado.
La solicitud de la defensa peruana se hizo al Poder Judicial, luego que la entidad judicial aprobara que se constituya como parte agraviada o actor civil.
Además la Procuraduría pidió $1 millón 435 mil 200 como indemnización a favor del Estado peruano. Los montos son provisionales, es decir, podrían variar mientras se desarrolle la investigación preparatoria.
Las exautoridades vinculadas al APRA que están en el proceso son Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Hernán Garrido Lecca, los excongresistas Mauricio Mulder, Luciana León, César Zumaeta y los dirigentes apristas Franklin Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo. A ellos se les imputa el delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. En caso que sean hallados culpables deberán pagar lo pedido por la Procuraduría.
Los mencionados presentaron un recurso para que la defensa del Estado no sea parte del proceso, pero pedido fue desestimado por el Poder Judicial.
¿Por qué son investigados los apristas?
Las personas mencionadas son investigadas luego que el representante de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declarara en el 2028, que entregó S/200 mil al exmandatario Alan García, para financiar su campaña presidencial en el 2006.
En consecuencia en el 2023, se formalizó la investigación preparatoria por un plazo de 36 meses al ser declarada de naturaleza “compleja”.
Mientras que el investigado Jorge del Castillo alega ser inocente.