Petroperú cerró el año 2025 con pérdidas netas de 468.3 millones de dólares, una cifra elevada aunque menor a los 773.9 millones registrados en 2024. Sin embargo, la empresa obtuvo utilidades tributarias positivas por efecto del tipo de cambio, registrando una Renta Neta Imponible de 532 millones de soles declarados ante la Sunat.

 Esto obliga a la petrolera, por mandato de los Decretos Legislativos N° 677 y N° 892, a repartir el 10 % de esas ganancias entre sus trabajadores, lo que equivale a 53 243 467 soles. El plazo máximo de pago venció el pasado 9 de mayo y el incumplimiento expone a la empresa a multas de Sunafil.

Pese a la claridad legal, la administración de Petroperú ha intentado por diversos medios evitar el pago. Primero encargó informes legales a los estudios Vinatea & Toyama y Benites, Vargas & Ugaz buscando revertir los resultados favorables a los trabajadores obtenidos por la gestión anterior con los estudios Philippi y Muñiz. 

No funcionó: todos los informes coincidieron en que la empresa está obligada a cumplir con el pago. Ante eso, desde la alta dirección se habrían explorado estrategias como el diferimiento, el fraccionamiento o acuerdos con sindicatos para postergar el desembolso, todo ello de manera verbal para no dejar rastro documental.

Las irregularidades no quedan ahí. Según fuentes internas, gerentes de la empresa habrían intentado redirigir los fondos destinados a las utilidades hacia el pago de deudas antiguas en la selva, generando artificialmente una prelación de pagos a proveedores que beneficiaría a redes internas mediante comisiones. 

Simultáneamente, la administración de Gustavo Villa Mora y Edmundo Lizarzaburu lanzó una campaña mediática, llegando a publicar avisos en medios de comunicación para justificar públicamente el no pago bajo el argumento de "ahorrar" ante la crisis financiera de la empresa.

El contexto agrava aún más el escenario. En 2025 se habrían cometido errores costosos en la operación de la refinería Talara, donde se adquirió crudo liviano en lugar del pesado que requería el proceso, generando pérdidas al tener que ventearse el insumo inadecuado. 

Todo esto ocurre en simultáneo con el reciente rescate de 2000 millones de dólares aprobado por el Gobierno mediante el Decreto de Urgencia 003-2026, financiado por la banca privada internacional a través de fideicomisos controlados por ProInversión.

Una paradoja difícil de ignorar: el Estado impulsa un salvavidas millonario para Petroperú mientras sus propios trabajadores esperan el pago de utilidades que la ley les garantiza.