El debate sobre la gestión del territorio minero en el Perú vuelve al centro de la agenda legislativa. El congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, presentó el proyecto de ley 13497, una propuesta que busca que las concesiones mineras ociosas —aquellas que no presentan actividad ni producción mínima durante diez años— sean revertidas al Estado para su administración directa. La iniciativa, según el documento oficial, pretende enfrentar tres problemas: la informalidad, la minería ilegal y la alta concentración de riqueza derivada de la explotación de recursos minerales.
El proyecto plantea modificaciones clave en los artículos 38, 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. Entre los cambios más relevantes, el artículo 38 incorpora la posibilidad de declarar la caducidad total o parcial del derecho minero cuando no exista actividad comprobada al finalizar el décimo año. Esto permitiría al Estado recuperar áreas paralizadas y destinarlas a procesos de formalización o nuevos proyectos.
El artículo 39 también introduce ajustes al pago del Derecho de Vigencia, fijando montos diferenciados por hectárea según el tamaño de la concesión. Además, establece un mecanismo de verificación automática y electrónica del pago, cuya omisión generará la suspensión o caducidad del derecho minero y la reversión inmediata al Estado. La medida apunta a evitar que extensas zonas permanezcan acaparadas sin uso ni inversión.
En cuanto al artículo 40, la propuesta incorpora penalidades económicas para pequeños mineros y mineros artesanales que incumplan la producción mínima anual exigible. Estas penalidades —del 2 % y 1 % respectivamente— podrían derivar en la caducidad parcial o total de la concesión si no se pagan en los plazos establecidos. El proyecto busca así garantizar que el territorio otorgado sea productivo o, de lo contrario, devuelto al Estado para su reasignación.
El impulso legislativo no se limita a Perú Libre. El congresista Roberto Sánchez presentó una iniciativa paralela para revertir concesiones ociosas, argumentando que vastas áreas concesionadas no registran actividad ni cumplen los requisitos de inversión. Ambas propuestas coinciden en un objetivo común: habilitar al Estado para recuperar y reactivar zonas improductivas, facilitar la formalización y reducir el avance de economías ilegales en el sector extractivo.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
