El médico cirujano Mario Cabani, quien realizó procedimientos estéticos a la presidenta Dina Boluarte en junio de 2023, denunció recientemente haber sido objeto de amenazas y amedrentamientos por parte de la mandataria. En una carta notarial remitida el 10 de junio, Cabani instó a Boluarte a cesar las presiones, reconocer las cirugías realizadas y admitir su internamiento hospitalario en la Clínica Cabani entre el 28 y el 30 de junio de 2023.
La misiva cobra especial relevancia debido a que el 29 de junio, mientras supuestamente aún se encontraba hospitalizada, Boluarte figura como firmante de un decreto supremo emitido por el Ejecutivo. “No entendemos el poder del desdoblamiento en dos lugares”, señaló Cabani en su comunicación, poniendo en duda la posibilidad de que la presidenta haya estado internada y, simultáneamente, firmado un documento oficial en sede gubernamental.
El programa periodístico Cuarto Poder reveló que la clínica Cabani encargó un peritaje grafotécnico al especialista Julio Alfredo Espejo Quevedo, titulado por el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), para analizar la autenticidad de las firmas de Boluarte en tres cartas enviadas al médico y en el mencionado decreto supremo. La pericia, que comparó dichas firmas con la rúbrica contenida en la declaración de la presidenta ante la Fiscalía de la Nación el 13 de enero de 2025, concluyó que dos de ellas no corresponden a su puño gráfico.
El informe pericial, de 66 páginas y fechado el 13 de junio de 2025, sostiene que las firmas en una carta con fecha de recepción del 3 de abril de este año y en el Decreto Supremo N.º 017-2023-SA presentan inconsistencias. “En forma y en características grafointrínsecas son disímiles, no son iguales”, aseguró Espejo Quevedo al programa periodístico. Según el experto, la misma persona que habría falsificado la firma en el decreto supremo también habría suscrito la carta del 3 de abril.
No obstante, el informe sostiene que otras dos cartas, fechadas el 18 de marzo y el 16 de mayo de este año, sí habrían sido firmadas por la mandataria. Estas revelaciones han reavivado el debate sobre el caso, sumándose a la investigación en curso contra Boluarte por presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales.
El caso ha generado expectativas en el ámbito político y judicial, y expertos han señalado la necesidad de esclarecer la autenticidad de los documentos involucrados para determinar posibles responsabilidades.
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