Un peritaje de la Policía Nacional del Perú (PNP) concluyó que la firma consignada en la declaración jurada de la diputada Jacqueline Tapullima, de Juntos por el Perú, no correspondería a su rúbrica original. El documento fue presentado por el dominical Cuarto Poder y forma parte de una investigación fiscal por presunta falsificación de documentos durante su postulación al Congreso.
El reportaje mostró una comparación entre la firma oficial de la parlamentaria y la que aparece en la declaración jurada que respaldó su candidatura por San Martín. Según el análisis policial, se encontraron nueve diferencias en los trazos, bordes y curvas de ambas rúbricas, por lo que se determinó que la firma del documento sería falsa.
El informe de la PNP, remitido al Ministerio Público, también advirtió que la huella digital colocada en la declaración jurada no correspondería a la legisladora.
Consultada por Cuarto Poder, Tapullima señaló que esperará a conocer cómo avanza el proceso, pero no explicó quién habría firmado el documento en su nombre ni quién habría colocado la huella cuestionada.
Las investigaciones comenzaron a finales de mayo de 2026 y buscan esclarecer quiénes habrían intervenido en la elaboración y presentación del documento. Por estos hechos, la congresista afronta una investigación fiscal por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y delito contra la fe pública.
A las observaciones sobre su declaración jurada se suman cuestionamientos por la presencia de una ciudadana que habría realizado labores en el despacho parlamentario de Tapullima sin figurar en la planilla del Congreso ni estar registrada como integrante de su equipo técnico.
Según una investigación de Cuarto Poder, la abogada Karolyn Bracamonte habría acudido a la oficina de la legisladora durante los últimos meses para realizar actividades de apoyo.
María Pinedo, extrabajadora del despacho, confirmó que Bracamonte asistía a la oficina y señaló que incluso advirtió a la congresista que esa práctica no estaba permitida.
Además, fuentes consultadas por el dominical indicaron que la abogada habría realizado estas labores con la expectativa de conseguir posteriormente un puesto en el sector público. El reglamento del Congreso no permite que personas trabajen bajo la modalidad ad honorem en los despachos parlamentarios.
De acuerdo con la información difundida, Bracamonte habría ingresado hasta en 27 ocasiones a la oficina de Tapullima, con permanencias de entre cuatro y diez horas. En total, sus visitas superarían las 100 horas.
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró que estos hechos podrían configurar un delito contra la fe pública. «Se enmascararía una visita como si fuera solo eso cuando es una visita de trabajo», señaló al programa.
Cuarto Poder también difundió conversaciones en las que Bracamonte coordinaba proyectos con otras personas. La abogada confirmó la autenticidad de los mensajes, pero negó trabajar en el despacho y sostuvo que su presencia respondía a asesorías realizadas por amistad con la congresista.
Por su parte, Tapullima pidió al equipo periodístico continuar investigando lo que calificó como una presunta actividad ilícita.
Una observación editorial para las seis notas: he mantenido las atribuciones a Panorama y Cuarto Poder en las investigaciones periodísticas, y he diferenciado los resultados del peritaje de las responsabilidades penales que todavía deben determinarse. En la nota de Ahora Nación, también conservé la distinción entre la explicación oficial de la renuncia y las discrepancias políticas expuestas por Holguín.
