La decisión de la justicia brasileña de anular pruebas vinculadas al caso Odebrecht contra el expresidente Alejandro Toledo no implica que dichas evidencias sean retiradas automáticamente del proceso judicial peruano. Así lo explicó Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc para el caso Lava Jato, quien señaló que la resolución del magistrado brasileño José Antonio Dias Toffoli debe cumplir previamente un procedimiento en Perú.

“No es automático que, porque el juez haya declarado nula la prueba, el juez peruano tenga que aplicarlo de manera inmediata”, sostuvo Carrión en entrevista con RPP.

La resolución brasileña cuestiona las evidencias obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizados por Odebrecht para almacenar información sobre sus operaciones. Según la decisión, existirían irregularidades en la cadena de custodia durante la obtención de estos archivos en Brasil.

Carrión explicó que primero debe realizarse un exequátur, procedimiento mediante el cual la justicia peruana reconoce formalmente una decisión judicial extranjera. Solo después, la autoridad peruana encargada del proceso deberá determinar qué evidencias podrían verse afectadas.

La exprocuradora remarcó que el Poder Judicial peruano tiene autonomía para evaluar la validez de las pruebas conforme a sus propias normas. “La justicia peruana no está subordinada a la justicia brasilera”, afirmó.

Además, advirtió que todavía no se conoce con precisión qué documentos quedarían comprendidos en la anulación. “Tendríamos que conocer el alcance”, indicó, antes de determinar qué elementos podrían ser excluidos del proceso.

Como antecedente, recordó que una situación similar ocurrió en el caso de Ollanta Humala, cuando Toffoli también cuestionó pruebas remitidas desde Brasil. Sin embargo, el Poder Judicial peruano no las tomó en consideración debido, entre otros motivos, a que la resolución no habría sido notificada correctamente.

En el caso Toledo, Carrión sostuvo que el impacto podría ser limitado porque gran parte de la evidencia fue obtenida directamente en Perú. La exprocuradora precisó que Odebrecht entregó información y declaraciones de sus ejecutivos mediante el acuerdo de colaboración eficaz suscrito bajo legislación peruana.

“La concentración de la prueba que tiene ese caso ha sido producida o entregada aquí en el Perú”, puntualizó.