El ataque a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, durante su visita a la conflictiva región de Ayacucho, dejó un precedente que pone en peligro la vida e integridad de la mandataria en zonas que presentan un mayor rechazo hacia su gestión y cargo, así lo indicó el representante de Solidaria Perú y analista político, Arturo Salas Vildoso.
Pese a que el titular del Ministerio del Interior, Víctor Torres, indicó que se cambiará a todo el personal que resguarda la seguridad de la presidenta, el abogado consultado sostuvo que este hecho deber ser materia de investigación por parte de Inspectoría de la Policía y detalló que Boluarte ya no estaría segura en zonas de conflicto.
“Si bien tiene el desprecio en algunas zonas del país, no es causalidad que a la Policía se le escape una mujer y vulnere el anillo de seguridad. También es provocar el ir a lugares donde hubo muerte, pero no es razón para la agresión”, detalló.
PROCEDIMIENTO LEGAL. Salas Vildoso indicó que solo Boluarte puede denunciar a sus agresoras (Ruth Bárcena Loayza). No obstante, no habría un beneficio especial al proceso por tratarse de la presidente del Perú.
“Seguirá su proceso normal, deberá acudir al Ministerio Público a denunciar agresión física, allí se determinará el grado de la misma. Considero que no pasará del menor nivel a menos que se le haya arrancado el cabello”, señaló.
Indicó que la mayor sanción que podrían recibir las presuntas agresoras sería el trabajo comunitario o el pago de leves multas. Sobre este tema se pronunció Bárcena Loayza señalando que su acción corresponde a la muerte de su esposo y a las decenas de heridos que dejaron las protestas del 15 de diciembre del 2022.
“Hay pobladores en Ayacucho que aún siguen viviendo con las balas dentro de su cuerpo, a mi esposo lo mataron”, alegó.
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