El expresidente Pedro Castillo continúa su lucha legal para evitar la prisión preventiva. Su defensa apeló la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien rechazó la solicitud de imponer vigilancia electrónica en lugar de la cárcel.
La argumentación de la defensa se centra en la legislación peruana que permite la vigilancia electrónica para reducir el hacinamiento en cárceles, argumentando que el objetivo de la ley es aliviar la sobrepoblación en penales y que no existe tal problema en el centro penitenciario donde se encuentra Castillo. Sin embargo, el juez Checkley argumentó que la pena potencial por el delito de rebelión (10 a 20 años) supera el límite establecido por ley para la aplicación de la vigilancia electrónica.
La Fiscalía, por su parte, solicita una condena de 34 años de prisión para Castillo por los cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
La apelación de Castillo ahora se encuentra en manos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la cual decidirá si admite el recurso a trámite y convocará a una audiencia virtual para evaluar la solicitud con la participación de Castillo y las demás partes involucradas.
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