El expresidente Pedro Castillo desafió a los jueces e intentó irse de la segunda audiencia del juicio oral que enfrenta por su intento de golpe de Estado a fines de 2022, un proceso en el que enfrenta un pedido fiscal de 34 años de prisión por cargos de rebelión y abuso de autoridad.
“No necesito de esos servicios. El único delito que cometí es defender este pueblo”, dijo Castillo, quien intentó abandonar la sala, pero los magistrados negaron su requerimiento. “No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme? (...) Estoy aquí contra mi voluntad", añadió.
En otro momento, también criticó a la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha calculado un monto reparación civil de 65.4 millones de soles a ser pagados entre los eventuales condenados por este caso.
“Jóvenes robustos pidiendo millones de plata... que vayan a trabajar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa (para pagar eso). Nunca he cogido un arma. Dígame en qué momento se ha cerrado el Congreso. (...) Voy a retirarme porque quiero coordinar unos temas”, agregó.
El presidente de la sala, el juez supremo José Neyra, le invocó a mantenerse presente y le advirtió que podría ordenar medidas si se oponía. Además, destacó que Castillo había expresado su negativa a contar con un abogado particular y subrayó que todo lo ocurrido estaba siendo registrado en video.
En la víspera, el juicio quedó formalmente instalado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, en el que el exmandatario está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, el día en que anunció el fallido intento de golpe en un mensaje a la Nación.
La fiscal Galinka Meza reiteró la solicitud de una pena de 34 años de cárcel contra Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público.
Junto al exjefe de Estado son procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para los cuales el Ministerio Público solicita penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.
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