El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Koki Noriega, exigió la renuncia del jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez, luego de sus declaraciones sobre el enfrentamiento armado ocurrido en la provincia de Pataz, donde tres personas perdieron la vida. El titular de la ANGR consideró inaceptable que el Gobierno central intente deslindar responsabilidades frente a una crisis de seguridad.
El hecho que reavivó la polémica ocurrió la madrugada del 31 de diciembre, cuando un violento enfrentamiento en la bocamina “Papagayo”, ubicada en el anexo de Vijus, dejó tres fallecidos por impactos de bala. De acuerdo con la empresa minera Poderosa, el ataque se produjo cuando un grupo armado intentó sustraer mineral de manera ilegal, generando un cruce de disparos en una zona donde operan organizaciones dedicadas a la minería ilegal.
Tras el hecho, Álvarez señaló que el problema de fondo es histórico y que los gobiernos regionales habrían “usufructuado” su autonomía sin lograr resultados frente a la minería ilegal. Incluso afirmó que no es responsabilidad directa del Estado controlar la pequeña minería ni la minería artesanal.
Koki Noriega rechazó enfáticamente esas afirmaciones y recordó que Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde hace casi dos años, periodo en el cual el control del orden interno recae en el Gobierno central.
Finalmente, el presidente de la ANGR afirmó que las declaraciones del premier ameritan una evaluación política de su permanencia en el cargo. “Cuando hay muertos y el Estado falla, alguien tiene que asumir responsabilidades. No se puede seguir culpando a las regiones cuando el control está en manos del Ejecutivo”, concluyó, reiterando el pedido de una respuesta firme y estructural frente a la violencia que azota a Pataz.
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