El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre el violento enfrentamiento registrado en una bocamina de la provincia de Pataz, en La Libertad, que dejó tres personas fallecidas. Desde el Ejecutivo, el jefe del Gabinete sostuvo que este hecho no puede analizarse como un evento aislado, sino como el resultado de años de descontrol y falta de acción de los gobiernos regionales frente a la expansión de la minería ilegal.
En declaraciones a RPP, Álvarez rechazó las críticas formuladas por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que responsabilizó al Ejecutivo por la escalada de violencia. “Este no es un problema reciente. Durante décadas, los gobiernos regionales administraron recursos sin lograr resultados efectivos contra la minería ilegal”, afirmó, subrayando que la actual administración heredó un escenario complejo y de alto riesgo.
El premier explicó que el enfrentamiento ocurrido en Pataz se produjo cuando un grupo armado intentó despojar de mineral a otro grupo de mineros ilegales, lo que derivó en un violento choque con consecuencias fatales. Según indicó, la presencia de bandas armadas evidencia que la minería ilegal ha evolucionado hacia estructuras criminales organizadas que operan fuera de todo control estatal.
Álvarez también cuestionó que, pese a los reiterados pedidos del Ejecutivo, no se haya avanzado con mayor firmeza en la fiscalización regional. “No se puede responsabilizar al Gobierno central por una problemática que ha sido tolerada durante años. La lucha contra la minería ilegal exige corresponsabilidad”, enfatizó, al tiempo que recordó que el Estado ha desplegado efectivos policiales y militares para recuperar el orden en la zona.
Finalmente, el titular de la PCM reiteró que el Gobierno continuará con las acciones de control y seguridad en Pataz, pero insistió en que la solución requiere un trabajo conjunto entre autoridades nacionales, regionales y locales. “Mientras no se asuma una responsabilidad compartida, seguiremos lamentando pérdidas humanas y escenarios de violencia que el país ya no puede tolerar”, concluyó.
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