La congresista Patricia Juárez, integrante de la bancada de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley que propone la reserva de identidad para jueces y fiscales que enfrenten procesos relacionados con delitos de alta peligrosidad. La medida busca proteger a los operadores de justicia ante el incremento de hostigamientos y amenazas.
Juárez precisó que se trata de una propuesta temporal con carácter experimental, aplicable durante un año y limitada exclusivamente a delitos graves. Aclaró además que no se trata de un retorno al modelo de los “jueces sin rostro”, utilizado en los años noventa.
“Este de acá es para determinado delito”, afirmó, al remarcar que la propuesta tiene un enfoque específico y acotado.
La iniciativa contempla el uso de herramientas digitales para mantener el anonimato de los magistrados en audiencias e investigaciones. Según Juárez, el objetivo es garantizar la seguridad personal sin afectar el desarrollo normal de los procesos judiciales.
“Se ha llegado a intimidar, amenazar a jueces y fiscales que son los que tienen que llevar a cabo las audiencias y sentenciar cuando corresponda a estos criminales de alta peligrosidad”, declaró.
La legisladora sostuvo que su propuesta no vulnera la Constitución ni sentencias internacionales sobre derechos humanos. Argumentó que la situación excepcional que enfrenta el país requiere medidas urgentes para proteger a quienes enfrentan al crimen organizado.
“El Estado, dada la situación de excepcionalidad y dado que tiene que hacer una lucha integral contra el crimen, debe dar esta salida a los jueces y fiscales”, subrayó.
Como parte de los fundamentos, Juárez citó el caso de Margarita Haro Pinto, fiscal de San Juan de Lurigancho, quien denunció haber sido extorsionada por la organización criminal Los Chukys de Juan Pablo II. También reveló que al menos 80 fiscales estarían bajo amenaza, según datos del Ministerio Público, lo que refuerza —dijo— la necesidad de adoptar mecanismos tecnológicos de protección.
El proyecto será debatido en las comisiones del Congreso antes de su eventual votación en el Pleno. La legisladora propuso que, tras su primer año de aplicación, se evalúe su eficacia y posible continuidad como política pública frente al crimen organizado.
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