La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) expresó su rechazo al proyecto de ley que establece el sábado como día de descanso compensable para trabajadores que profesen religiones que consideran esa jornada como día sagrado. El gremio pidió al Ejecutivo no promulgar la norma y evaluar su impacto económico.

La posición de ASPAN surge luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley N.° 4610, con 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. La iniciativa establece que los trabajadores podrán solicitar no laborar los sábados, siempre que pertenezcan a una confesión religiosa que contemple ese día como jornada de descanso.

El gremio empresarial señaló que la aplicación de esta medida podría generar complicaciones en el funcionamiento de panaderías y pastelerías, debido a que los fines de semana representan uno de los periodos de mayor actividad comercial para estos negocios.

ASPAN indicó que muchas micro y pequeñas empresas dependen de la producción continua durante los sábados para mantener sus ingresos, por lo que la ausencia de personal podría reducir la capacidad de elaboración y atención al público.

Además, la asociación sostuvo que el sector ya enfrenta una falta de trabajadores especializados, una situación que afectaría a cerca del 70 % de panaderías y pastelerías. Según el gremio, permitir descansos obligatorios todos los sábados podría agravar la escasez de mano de obra técnica.

ASPAN estimó que alrededor de 3 mil trabajadores panaderos pertenecen a confesiones religiosas que consideran el sábado como día de descanso. Sin embargo, aseguró que actualmente existen acuerdos entre empleadores y trabajadores para atender estas situaciones sin que se hayan registrado denuncias por discriminación religiosa dentro del sector.

Ante sus cuestionamientos, la asociación solicitó al presidente José María Balcázar no promulgar la norma y pidió una revisión más profunda sobre sus posibles efectos en las empresas antes de su entrada en vigencia.

El proyecto aprobado por el Congreso aún deberá continuar su trámite correspondiente antes de convertirse en ley.