La reciente información de la Policía Nacional del Perú sobre la proximidad en capturar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, plantea preguntas serias sobre la efectividad de nuestro sistema de justicia. No es la primera vez que las autoridades aseguran estar “a un paso” de detenerlo, y, sin embargo, el médico continúa evadiendo a la ley. Esta prolongada huida expone la impotencia del Estado ante una figura que, desde la clandestinidad, parece desafiar abiertamente el orden legal.
El operativo más reciente, en el que se allanaron varias propiedades en Huancayo y Chupaca, supuestamente rozó el objetivo de capturarlo. Pero una vez más, el despliegue quedó en un intento fallido, alimentando sospechas sobre una posible red de complicidad que protege a Cerrón.
La percepción pública frente a estos eventos se deteriora cada vez que un operativo no consigue su objetivo. La prolongada fuga de Cerrón no solo implica un fracaso operativo, sino también afecta la credibilidad de las instituciones ante los ciudadanos, que ven con frustración cómo los intereses particulares logran eludir el alcance de la justicia. Los audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que sugieren que altos mandos policiales estarían involucrados en la protección de Cerrón, amplían aún más la brecha de confianza y agravan la percepción de que intereses privados están ganándole al sistema.
El caso Cerrón debe ser una llamada de atención. No es solo una cuestión de capturar a un prófugo, sino de recuperar la confianza en las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía. La sociedad peruana merece respuestas claras y acciones contundentes que eviten que este caso se sume a la lista de ejemplos de impunidad en el país.