Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por los procedimientos disciplinarios iniciados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra jueces peruanos que aplicaron normas internacionales de derechos humanos.

Los relatores Bernard Duhaime y Margaret Satterthwaite señalaron que la apertura de procesos disciplinarios contra magistrados por aplicar el derecho internacional "socava gravemente la independencia judicial" y constituye "un serio retroceso" para el acceso a la justicia. Ambos respaldaron a los jueces Richard Concepción Carhuancho, Jorge Luis Chávez Tamariz y a magistrados de la Corte Suprema que resolvieron casos vinculados a presuntos crímenes de lesa humanidad.

La ONU indicó que la controversia surge tras la vigencia de una ley que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad y otra que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y comités de autodefensa por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Según los expertos, la mayoría de jueces ha optado por aplicar el control de convencionalidad frente a esas normas.

Los relatores instaron a la JNJ a abstenerse de continuar procedimientos disciplinarios basados en presuntas motivaciones políticas y recordaron que, conforme al derecho internacional, un juez solo puede ser suspendido o removido por faltas graves o incompetencia mediante procedimientos imparciales. También reiteraron que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistías ni prescripción.

Asimismo, solicitaron al Estado peruano revertir los cambios legislativos que, a su juicio, representan retrocesos en materia de justicia transicional y protección de los derechos humanos. Como antecedente, mencionaron la no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez tras participar en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la independencia judicial en el Perú.