La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que este 15 de enero de 2026 vence el plazo para que diez partidos políticos presenten la rendición de cuentas del financiamiento público directo (FPD) correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2025, por un monto total de S/7 798 001.64. El proceso forma parte de las obligaciones establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y su reglamento.
Entre los partidos que deberán sustentar el uso de estos recursos figuran Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado. Los montos asignados a cada agrupación oscilaron entre más de S/1 millón, en el caso de Perú Libre, y poco más de S/620 mil para el Partido Morado, y fueron depositados de manera mensual en sus cuentas bancarias.
La ONPE, a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP), será la encargada de verificar y controlar la correcta ejecución del financiamiento entregado. Una vez concluida la revisión de la información financiera, este órgano emitirá un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y evaluará si corresponde iniciar procedimientos administrativos sancionadores.
De acuerdo con la normativa vigente, hasta el 50 % del financiamiento público directo debe destinarse a gastos de funcionamiento ordinario, como la adquisición de bienes, contratación de personal y servicios, incluida la asesoría legal. El porcentaje restante debe emplearse en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, garantizando criterios de igualdad y paridad entre hombres y mujeres.
La ONPE advirtió que el uso indebido de estos recursos constituye una infracción muy grave, sancionable con multas de entre 31 y 100 UIT, además de la pérdida del financiamiento público directo. El organismo reiteró que estos fondos no pueden utilizarse con fines de lucro ni para objetivos distintos a los establecidos por la ley, en un contexto de creciente vigilancia sobre el financiamiento de las organizaciones políticas de cara al proceso electoral de 2026.
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