La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, lanzó una severa advertencia al revelar que, al asumir el cargo, encontró irregularidades administrativas graves, entre ellas más de 36 denuncias ciudadanas que no habían sido siquiera advertidas por la institución, pese a haber sido presentadas desde 2020.
En declaraciones a TV Perú, Cabrera detalló que durante su gestión previa en la Comisión de Procesos Disciplinarios detectó duplicidad de funciones, acumulación de expedientes y denuncias archivadas sin evaluación, muchas de las cuales terminaron siendo declaradas caducas o prescritas tras años de inacción. “Recién en 2024 se dieron cuenta de denuncias presentadas cuatro años antes”, cuestionó.
Uno de los hallazgos más delicados fue la permanencia de magistrados destituidos que continuaron ejerciendo funciones, pese a que la ley establece que la ejecución de una destitución es inmediata. Para Cabrera, esta omisión constituye una “dejadez procesal” que evidencia el incumplimiento de deberes por parte de anteriores responsables.
Pese al diagnóstico crítico, la titular de la JNJ aseguró que su administración no promoverá persecuciones internas ni actuará bajo presión política, y recalcó que los magistrados deben recibir respeto y procesos administrativos resueltos en plazos razonables. En paralelo, anunció una agenda de reformas centrada en autonomía institucional, modernización tecnológica, certificación digital y desconcentración con sedes virtuales en todas las regiones.
Cabrera también planteó poner fin a la provisionalidad judicial mediante concursos internos que prioricen la experiencia y trayectoria limpia dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público, y cuestionó la sobrevaloración de credenciales académicas. “No sirve exigir doctorados si luego vemos autoridades con serios cuestionamientos”, afirmó. Actualmente, la JNJ arrastra 108 procedimientos disciplinarios, 36 investigaciones preliminares y 226 denuncias próximas a vencer, un panorama que marca el punto de partida de su gestión hasta enero de 2027.
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