El Ejecutivo está aprobando todo lo que hace el Congreso y que favorece solo a investigados, así como a delincuentes. Las últimas leyes que no observaron fueron la norma que modifica artículos de la ley del crimen organizado y el de lesa humanidad. Lo más grave es que pidieron opiniones a sus técnicos quienes concluyeron que las normas debían ser observadas, pero a Dina Boluarte y a sus ministros no les importó decidiendo devolverlo al Parlamento para su promulgación.
En el medio la Contra revelaron tres documentos firmados por técnicos. El primero realizado por la Secretaría General de Asesoría Jurídica, sobre el crimen organizado en el cual detallan que la norma debe ser observada.
Indican que establecer de cuatro a seis años los delitos cometidos por redes criminales, será aprovechado por estos delincuentes que “adaptarán su modus operandi a delitos menores a 6 años”. Sobre ello, desde la Fiscalía también sostuvieron que casos como la estafa a miles de ahorristas que fueron cometidos por organizaciones criminales se verán afectados con esta ley.
Sin embargo, desde el Ejecutivo ordenaron hacer otro informe y después de 15 días los mismos técnicos elaboraron otro documento donde recomiendan no observar la norma. En consecuencia, el Gobierno prefirió no hacer nada y dejar que la ley regrese al Congreso para que ahí se promulgue.
En otro informe los técnicos también advirtieron que con la oficialización de dicha norma peligraría la tan ansiada adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En cuanto a la ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad, la secretaría del mismo Consejo de Ministros, manifestaron que esa norma es contraria a las obligaciones internacionales que el Perú asumió en virtud al derecho internacional. Del mismo modo Dina Boluarte optó por no observarla.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
