La ministra de la Mujer, María Seminario, señaló al Gobierno Regional de Amazonas como el principal responsable de atender las denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes awajún y wampis en Condorcanqui. La funcionaria sostuvo que los casos están vinculados a residencias estudiantiles cuyos profesores dependen de las UGEL administradas por el gobierno regional.

Las declaraciones fueron dadas luego de que una misión del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llegara a Condorcanqui para evaluar la respuesta del Estado frente a las denuncias.

Seminario sostuvo que la problemática no es reciente y cuestionó la ausencia de una respuesta concreta por parte del gobierno regional. “El gran ausente es el GORE Amazonas”, afirmó durante una entrevista, al señalar que la responsabilidad inicial corresponde a esa instancia.

La ministra explicó que las principales denuncias están relacionadas con presuntas agresiones contra alumnas que permanecían en residencias estudiantiles, espacios vinculados a las unidades de gestión educativa local (UGEL), que dependen del Gobierno Regional de Amazonas.

Por parte del Ministerio de la Mujer, indicó que se han implementado medidas de atención en la zona, entre ellas dos servicios de atención rural y un Centro de Emergencia Mujer, destinados a brindar asistencia a las víctimas.

Seminario también anunció que el lunes 14 de septiembre se reunirá la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), con participación de distintos sectores del Estado, para plantear protocolos de atención conjunta y una estrategia que permita acelerar los procesos de justicia.

La titular del MIMP señaló que durante la reunión se presentarán propuestas técnicas para mejorar la atención de las víctimas y agilizar las acciones destinadas a sancionar a los responsables.

La situación de Condorcanqui ha generado preocupación por las denuncias que involucran a menores de comunidades awajún y wampis, mientras las autoridades continúan evaluando las medidas necesarias para garantizar protección, atención y acceso a justicia.