La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Magdalena Seminario, informó que su sector brinda apoyo psicológico, legal y acompañamiento permanente a la mujer que denunció al diputado Julián Pérez Mallqui por presuntas agresiones físicas y psicológicas.

La funcionaria precisó que la intervención comenzó desde el primer día de conocida la denuncia y exhortó a las autoridades judiciales a actuar con celeridad en las investigaciones.

Durante su primera entrevista con medios de comunicación, Seminario explicó que el Programa Nacional Warmi Ñan tomó contacto inmediato con la denunciante tras conocerse el caso y la acompañó incluso en la comisaría.

“Le hemos dado apoyo legal y psicológico, lo seguimos dando a ella y a la familia”, declaró. Asimismo, indicó que el ministerio ha evitado hacer pública esa asistencia para resguardar la privacidad de la presunta víctima.

La ministra también reveló que el Poder Judicial ya dispuso medidas de protección a favor de la denunciante, aunque señaló que aún no se ha precisado el alcance de la restricción impuesta al parlamentario.

“Somos parte de la asesoría que está pidiendo protección judicial”, sostuvo, al reiterar que el acompañamiento institucional se mantiene desde el 30 de julio.

Además, enfatizó que la violencia psicológica puede dejar secuelas más profundas que las agresiones físicas.

DENUNCIA. El diputado Julián Pérez Mallqui, representante de Juntos por el Perú, es investigado tras la denuncia presentada por su expareja por presunta agresión física y psicológica.

El legislador recuperó su libertad luego de vencer el plazo de detención en flagrancia y rechazó las acusaciones, aunque posteriormente se difundieron conversaciones y otros elementos que forman parte de la investigación fiscal y generaron reacciones desde diversos sectores políticos e instituciones del Estado.

Finalmente, Seminario consideró que los partidos políticos deben asumir una mayor responsabilidad al seleccionar a sus candidatos para cargos públicos y llamó a rechazar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

“Nosotras, como mujeres, tenemos que rechazar cualquier acto de violencia, y viniendo de personas que ejercen un cargo público, con mayor razón”, afirmó, insistiendo en que los operadores de justicia deben garantizar una investigación rápida y efectiva.