El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó un grupo de trabajo sectorial para examinar las llamadas ‘leyes pro-crimen’, un conjunto de normas aprobadas por el anterior Congreso que según especialistas, generaron un efecto contrario al buscado y facilitado la actividad delictiva.
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este domingo en el diario oficial El Peruano, que señala la necesidad de una “revisión integral de la legislación vigente” para identificar oportunidades de mejora.
Además “corregir vacíos, inconsistencias o dificultades en su aplicación” y fortalecer las herramientas legales para una persecución más eficaz del delito.
