El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció que el centro juvenil “Maranguita”, actualmente ubicado en el distrito de San Miguel, en Lima, será reubicado tras la reciente fuga de seis internos del establecimiento, ocurrida el viernes 2 de mayo.
El viceministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, confirmó que ya se iniciaron las coordinaciones para que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima sea reemplazado por un nuevo establecimiento en una provincia del país.
“El Ministerio de Justicia y Proinversión han tenido una interesante negociación que nos permitirá un terreno para la construcción del centro”, señaló Enrique Alcántara.
En los planes de las autoridades, el proyecto podría albergar hasta tres mil adolescentes. Sin embargo, Alcántara se negó a revelar la ubicación del futuro centro por temor a la oposición de vecinos.
La reubicación responde a los cuestionamientos por la falta de condiciones adecuadas de seguridad y reinserción en Maranguita. El reciente escape de menores expuso las deficiencias en los controles de ingreso y salida, y ha obligado a las autoridades a reaccionar.
Como respuesta inmediata, el Minjusdh ordenó el traslado de un grupo de 29 adolescentes al anexo Ancón. Los jóvenes fueron considerados de alta peligrosidad tras identificar comportamientos que ponen en riesgo a la seguridad del lugar y aparente implicación en la fuga.
“La investigación indica que su presencia en este momento puede simbolizar un peligro de seguridad a todos los jóvenes de acá”, explicó Alcántara. El funcionario indicó que el traslado está amparado por la normativa vigente que permite actuar ante hechos vinculados a amenazas a la seguridad.
Paralelamente, nueve trabajadores del centro fueron detenidos y se encuentran bajo investigación en la unidad policial Depincri. Las autoridades no descartan que estas personas hayan facilitado o encubierto la fuga.
Otra acción adoptada fue la declaratoria de emergencia del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), con el objetivo de agilizar y dotar a la institución de más herramientas legales y presupuestales. Esto incluye la concesión del control de ingresos en los centros juveniles, lo que permitirá implementar “arcos de control y mecanismos para evitar el ingreso de material prohibido”.
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