El Ministerio de Educación contratará a 64 abogados especialistas para atender los procedimientos disciplinarios contra docentes denunciados por presunta violencia sexual contra estudiantes. Para ello, destinó S/670 364 que serán transferidos a diversos gobiernos regionales para reforzar sus unidades de gestión educativa local (UGEL).

La contratación se realizará durante noviembre y diciembre, en el marco de la Ley 32618, que modifica la Ley de Reforma Magisterial. Según el viceministro de Gestión Institucional, Antonio Aleman Nakamine, la prioridad es resolver los expedientes pendientes y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.

Entre 2014 y julio de 2026, 3347 casos terminaron con la destitución de docentes por hechos contra la libertad sexual, de acuerdo con el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX). El registro comprende procedimientos concluidos con esa sanción, por lo que no incluye los casos que continúan en investigación.

Para identificar y dar seguimiento a estos procesos, el Minedu cuenta desde 2024 con el Módulo de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD), que permite reconocer a los docentes separados preventivamente y generar alertas sobre su situación.

La separación preventiva busca impedir que el docente investigado tenga contacto con estudiantes mientras la medida esté vigente. No constituye una sanción definitiva ni determina por sí sola su responsabilidad administrativa o penal.

Ante una denuncia de violencia sexual, los directores de los colegios deben activar los protocolos de protección, comunicar los hechos a la Policía Nacional y al Ministerio Público, informar a las autoridades competentes y garantizar atención y acompañamiento a la víctima.

Las comisiones disciplinarias de las UGEL y las direcciones regionales de Educación son responsables de tramitar los expedientes y emitir las resoluciones. El Minedu, por su parte, establece las normas, brinda asistencia técnica y supervisa el avance de los procedimientos.

“La protección de los estudiantes es nuestra prioridad”, sostuvo Aleman Nakamine, quien señaló que los procesos deben avanzar respetando los plazos y el debido procedimiento, con sanciones cuando se acrediten las responsabilidades.